Las reglas de operación del programa “Presupuesto Participativo para los Mercados Públicos” 2026, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establecen un modelo de participación directa de las personas locatarias para definir las necesidades prioritarias de cada centro de abasto. La medida alcanza a 180 de los 340 mercados públicos existentes en la capital.
De acuerdo con las disposiciones, las decisiones deberán tomarse mediante asambleas de comerciantes, en las que podrán participar quienes cuenten con cédula de empadronamiento vigente. El objetivo es que las propias personas que desarrollan sus actividades comerciales en estos espacios determinen qué trabajos requieren atención prioritaria, en lugar de que las obras sean definidas exclusivamente desde las autoridades.
El esquema contempla la integración de dos órganos por mercado: una Comisión Ejecutora y una Comisión Revisora. La primera estará conformada por cinco personas locatarias: una presidencia, una tesorería, una secretaría y dos vocalías. Entre sus responsabilidades estará recibir y administrar los recursos, contratar proveedores y dar seguimiento a la ejecución de los trabajos.
La Comisión Revisora tendrá una función de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos y el desarrollo de las obras. Con ello, las reglas buscan establecer un mecanismo de control interno entre los propios comerciantes, aunque el funcionamiento efectivo del modelo dependerá de que exista información accesible, documentación comprobable y una supervisión institucional suficiente.
La participación de los locatarios representa un cambio relevante en la manera de definir las prioridades de infraestructura de estos espacios, pero también implica mayores responsabilidades para quienes integren las comisiones. Administrar recursos públicos, seleccionar proveedores y supervisar trabajos requiere procedimientos claros para evitar conflictos de interés, decisiones discrecionales o falta de comprobación del gasto.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) mantiene atribuciones relacionadas con el fomento y mejoramiento de los mercados públicos. En su información institucional, la dependencia señala que la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución es responsable de programas vinculados con este sector.
El modelo también debe analizarse dentro del marco más amplio de participación ciudadana de la capital. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el uso, administración y destino de recursos asignados mediante mecanismos de presupuesto participativo, sujetos a principios de transparencia y rendición de cuentas.
Otro punto de atención será determinar que las obras seleccionadas respondan realmente a necesidades de rehabilitación y mantenimiento de los mercados y que no sustituyan responsabilidades ordinarias de las autoridades. En los mecanismos generales de presupuesto participativo de la Ciudad se exige que los proyectos tengan viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, además de un beneficio colectivo.
Los mercados públicos son espacios de actividad económica cotidiana para miles de comerciantes y consumidores, por lo que las condiciones de infraestructura, seguridad, instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias pueden incidir directamente en su funcionamiento. Sin embargo, la participación de los locatarios no elimina la obligación de las autoridades de garantizar condiciones adecuadas de operación, seguridad y cumplimiento normativo.
El reto principal será que el nuevo esquema no se limite a trasladar a los comerciantes la responsabilidad de decidir y administrar recursos, sino que esté acompañado de capacitación, transparencia, vigilancia y evaluación de resultados. La participación directa puede ayudar a identificar necesidades que desde las oficinas gubernamentales no siempre son visibles, pero requiere controles suficientes para asegurar que el presupuesto llegue efectivamente a las obras prioritarias.
Con este programa, el Gobierno capitalino apuesta por involucrar directamente a los locatarios en la definición y vigilancia de las intervenciones en 180 mercados. El resultado dependerá no sólo de qué obras sean elegidas, sino de la capacidad de las comisiones y de las autoridades para garantizar que los recursos sean ejercidos con eficiencia, transparencia y beneficios verificables para comerciantes y usuarios.
